Posicionamiento de Plena inclusión por una verdadera Educación Inclusiva

Ante algunas informaciones que han creado incertidumbre por el posible cierre de los centros de educación especial, Plena Inclusión, a través de sus Entidades asociadas, quiere aclarar que esto no va a suceder aunque sí es importante recordar que se ha iniciado un proceso de transformación hacia una verdadera educación inclusiva.

Para ello, se contará con las aportaciones de todas las partes involucradas y se insistirá en garantizar la financiación y los medios necesarios para que sea una educación inclusiva de verdad, en la que las personas reciban todos los apoyos que necesiten.

Este es el texto en el que Plena Inclusión deja claro su posicionamiento al respecto:

En 1997 el Comité de Derechos del Niño afirmó que “la inclusión de los niños con discapacidad es un derecho, no un privilegio” y planteó que la verdadera cuestión era, si como sociedad, nos podemos permitir los costes de la exclusión.

En 2016, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su Observación General 4, proclama que “el derecho a la educación inclusiva se centra en la participación plena y efectiva, accesibilidad, presencia y progreso de todos los estudiantes”. Por tanto, no son sólo los estudiantes con discapacidad los que tienen derecho a una educación inclusiva, sino todos los estudiantes.

En mayo de 2015 más de 130 Ministros de educación y más de 1500 participantes adoptaron la Declaración de Incheon: “Educación 2030. Hacia una educación inclusiva, equitable y de calidad a lo largo de toda la vida para todos”.  

Plena inclusión tiene como reto estratégico “conseguir una educación inclusiva de calidad a lo largo de toda la vida.” Sin embargo, el sistema educativo español adolece de una serie de debilidades que impiden a los niños y niñas disfrutar, plenamente y en igualdad, del derecho a una educación inclusiva; lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal, inclusión social y determinando su vida futura.

La falta de apoyos, la segregación e integración, la falta de currículos flexibles y adecuados, la falta de formación del profesorado son algunas de las barreras que afrontamos.

En diciembre de 2016, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una subcomisión para elaborar un diagnóstico sobre la situación del sistema educativo español con unas propuestas para la elaboración de un gran pacto de Estado “para alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea”.

Desde Plena Inclusión afirmamos que: 

“La misión de educar es conseguir que la persona tenga poder para, con los apoyos necesarios, construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos, contribuyendo a la riqueza humana y a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral”. Y esta misión la defendemos para todo alumnado, tenga o no necesidades de apoyo.  

La educación es inclusiva o no es educación

La educación inclusiva es un objetivo irrenunciable, al menos en aquellos países que, como España, han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La educación inclusiva no depende meramente del contexto físico donde se lleve a cabo, sino de la cultura / valores, las políticas y las prácticas que la integren.

Una educación inclusiva no lo es sin los apoyos y la calidad requeridos por cada alumno/a y su familia

Apoyos educativos para una escuela inclusiva

  • Los apoyos educativos para avanzar hacia una escuela inclusiva deben:
  • Orientarse al bienestar de todo su alumnado y a su fortalecimiento para avanzar en sus proyectos de vida
  • Configurarse como un sistema integral de apoyos estructurales de la comunidad educativa
  • Actuar como sistemas preventivos y no solo como sistemas reactivos a las necesidades concretas
  • Estar orientados por valores de justicia y solidaridad, de competencia profesional, de ética profesional
  • Promover la colaboración en igualdad con todos los agentes educativos, especialmente una colaboración en igualdad con la familia
  • Formar parte de la vida de la comunidad educativa en su día a día

Entornos y comunidades inclusivas

Es necesario incorporar en las políticas y prácticas educativas estrategias de fortalecimiento de las comunidades en las que se inserta la escuela, para aumentar la cohesión social y colaborar en construir comunidades amables con tolerancia cero a la violencia, al maltrato y la exclusión.

Es preciso hacer ver a toda la sociedad el valor que una educación inclusiva ofrece a todos los niños y niñas, enfrenten o no barreras para su aprendizaje y para su desarrollo.

Por tanto, la educación inclusiva debe contar con los apoyos precisos para el alumnado que los requiera, y allí donde los requiera, de forma que asegure el avance en su bienestar personal y en la construcción de su proyecto de vida.

La educación inclusiva nos compete a toda la sociedad y ha de servir a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

Propuestas para un Pacto de Estado por la Educación

1.- Sobre el currículo, el sistema de apoyos y las prácticas educativas

Se necesita establecer un currículo basado en el reconocimiento y ejercicio de los derechos, asegurando la equidad y las competencias necesarias para promover la calidad de vida, el desarrollo personal y la participación plena en la sociedad.

Debe haber planes personalizados de apoyo para cada alumno o alumna, que tengan en cuenta TODOS los apoyos específicos que requiera  

Las prácticas educativas inclusivas, con los apoyos necesarios, se deben dar en todos los contextos, siempre bajo el prisma de la accesibilidad universal y contextos de buena convivencia.

Las tecnologías de la información y la comunicación deben estar centradas en cada alumno o alumna, asegurar su efectividad y estar basadas en el diseño universal.

2.- Sobre el papel y participación de las familias y el alumnado

Las familias y el alumnado deben ser tenidos siempre en cuenta, especialmente en la determinación de objetivos y metas. Para ello, las familias y el alumnado deben contar con formación e información desde el primer momento.

Las organizaciones sociales que puedan representarlas, también han de ser tenidas en cuenta, promoviendo su participación activa en toda regulación que se realice.

En el seno de la escuela, se debe garantizar la presencia y participación efectivas del alumno o alumna en la toma de decisiones que le afecten.

Aspectos clave a incorporar en la  normativa

  • Incorporar la cláusula de no rechazo, y que no se pueda obligar a una familia a escolarizar a su hijo o hija en un centro de educación especial.
  • Revisar los criterios de promoción y titulación y asegurar la certificación tras la educación obligatoria como un derecho, donde consten los logros alcanzados, y reconocer el derecho al acceso a la formación profesional básica inclusiva y a determinadas ofertas públicas de empleo.
  • Incorporar en la normativa el derecho a apoyos centrados en cada alumno o alumna y orientados a su calidad de vida, asegurando las ratios adecuadas en todo momento.
  • Asegurar la equidad territorial
  • Asegurar una formación profesional inclusiva que asegure las adaptaciones metodológicas, de forma y contenido necesarias.
  • No fijar límite de edad para acceder a una formación profesional inclusiva.
  • Crear sistemas de apoyos para la transición a la vida laboral, generando certificados de profesionalidad adaptados a perfiles profesionales diversos.
  • Crear normativas que garanticen la coordinación inter institucional (educación, salud, empleo, servicios sociales…) y el uso coordinado de los recursos y apoyos.
  • Asegurar la evaluación de la inclusión en toda la comunidad educativa, con aportación de evidencias.
  • Generar una reserva obligatoria de puestos de trabajo, en centros educativos, para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
  • Garantizar que toda normativa vaya acompañada de memoria económica y de un sistema de evaluación constante de su efectividad mediante indicadores apropiados.
  • Asegurar la formación en inclusión para todos los docentes y equipos de la comunidad educativa, tanto de educación especial como ordinaria.
  • Generar un sistema de incentivos a las comunidades educativas que desarrollen buenas prácticas y / o proyectos de innovación en temas de inclusión.
  • Facilitar que las actuales redes de educación especial apoyen la sensibilización, compresión y aceptación de la diversidad en las escuelas y en las asociaciones de madres y padres (AMPA), contando para ello con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

La transformación del sistema educativo

Desarrollar un plan estratégico de transformación para una educación inclusiva, que cuente con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad y la experiencia en la prestación de apoyos a los alumnos con necesidades educativas especiales de los centros de educación especial.

Definir el proceso de transformación de la educación hacia una educación inclusiva, tanto para los centros de educación especial como ordinaria.

Impulsar y articular un proceso de transición para la transformación hacia una educación inclusiva. Inicialmente, favorecer la participación voluntaria de los centros para implicarse en procesos piloto de transformación.

Asegurar que todos los recursos existentes en la educación especial (económicos, profesionales, conocimiento específico experto…) se incluyan en el sistema educativo inclusivo.

No abrir nuevos centros de educación especial, pero garantizar los recursos económicos y personales necesarios para un apoyo efectivo y de calidad a todo el alumnado con necesidades educativas especiales.

Asegurar avances en los procesos de  transformación como compromisos de incorporación al sistema educativo ordinario con todos los apoyos necesarios a los alumnos que se incorporan a  las primeras etapas educativa.

Fuente y texto completo: Plena Inclusión 

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